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Los fantasmas de Guantánamo
La vergüenza de Diego García
Andy Worthington
CounterPunch
23 de octubre de 2007
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
Una de las historias más sórdidas y de más larga trayectoria en la historia
colonial anglo-estadounidense – la de Diego García, la principal isla del
archipiélago Chagos en el Océano Índico – volvió a alzar su fea cabeza el
viernes cuando el comité de asuntos exteriores compuesto por todos los partidos
del Reino Unido anunció planes para investigar afirmaciones que venían de largo
de que desde 2002 la CIA ha retenido e interrogado a sospechosos de al Qaeda en
una prisión secreta en la isla.
La vergonzosa historia de Diego García comenzó en 1961, cuando fue
seleccionada por los militares de EE.UU. como una base geopolítica esencial.
Ignorando el hecho de que ya había 2.000 personas viviendo en el lugar, y que la
isla – una colonia británica desde la caída de Napoleón – había sido colonizada
a fines del Siglo XVIII por plantadores de coco franceses, que llevaron
jornaleros africanos e indios de las Islas Mauricio, estableciendo lo que John
Pilger llamó “una afable nación criolla con prósperas aldeas, una escuela, un
hospital, una iglesia, una prisión, un ferrocarril, muelles, una plantación de
copra,” el gobierno laborista de Harold Wilson conspiró con los gobiernos de
Lyndon Johnson y Richard Nixon para “barrer” y “desinfectar” las islas (las
palabras provienen de documentos estadounidenses que fueron posteriormente
desclasificados).
Aunque numerosos isleños hacen remontar su ascendencia a cinco generaciones,
un responsable del Foreign Office (ministerio de exteriores británico) escribió
en 1966 que el objetivo del gobierno era “convertir a todos los residentes
existentes... en residentes a corto plazo, temporales,” para poder exiliarlos a
las Islas Mauricio. Después de haber sacado a los “tarzanes o sirvientes para
todo,” como describiera un memorando británico a los habitantes, los británicos
cedieron efectivamente el control de las islas a los estadounidenses que
establecieron una base en Diego García, la que, con el pasar de los años, ha
llegado a ser conocida como “Campo Justicia,” completa con 2.000 soldados,
anclaje para 30 barcos de guerra, un vertedero nuclear, una estación de
satélites espía, centros comerciales, bares y un campo de golf.” Las islas
fueron despejadas tan exhaustivamente, y el procedimiento fue tan oculto, que en
los años setenta el Ministerio de Defensa británico tuvo el descaro de insistir:
“No hay nada en nuestros archivos sobre una población y una evacuación.”
Sufriendo en exilio, los isleños de Diego García, los chagosianos, han
luchado en vano por obtener el derecho de volver a su hogar ancestral, logrando
una sorprendente victoria en la Alta Corte en 2000, que dictaminó que su
expulsión fue ilegal, y sufriendo luego un revés en 2003 cuando, con un
autoritarismo típicamente despótico, Tony Blair invocó una antigua y arcaica
“prerrogativa real” para volver a abatir sus demandas. Aunque la corte de
apelaciones revocó esta decisión en mayo de 2006, dictaminando que el derecho de
los isleños al retorno era “una de las libertades más fundamentales conocidas
por los seres humanos,” queda por ver cómo este tardío reconocimiento judicial
de sus derechos puede ser adaptado a la insistencia estadounidense de que su
archipiélago militar-industrial continúe limpio de extraños.
En su resistencia contra las demandas de los isleños, Blair y el Foreign
Office protegían claramente los intereses de sus aliados estadounidenses, para
los cuales la importancia geopolítica de Diego García como una base estratégica
ha aumentado recientemente por su uso, y el uso de algunos de los barcos
anclados allí, como prisiones en ultramar fabulosamente remotas en las cuales
pueden retener e interrogar a sospechosos de “alto valor” de al Qaeda.
La sospecha, que ha prometido investigar el comité de asuntos exteriores, es
que en Diego García los estadounidenses encontraron a un socio muchísimo más
anuente en la tortura – el gobierno británico – que los que han encontrado en la
mayoría de otros lugares escogidos para prisiones secretas de la CIA. Según
varios informes conocidos desde hace años, los otros socios de los
estadounidenses en el juego de la tortura en ultramar – Tailandia, Polonia y
Rumania, por ejemplo – sólo estuvieron dispuestos a ser remunerados durante un
cierto tiempo antes de que les entrara miedo y enviaran a la CIA a hacer sus
maletas.
Queda por ver si el comité investigará a fondo o no. La obra benéfica legal
Reprieve basada en Gran Bretaña, que ha solicitado desde hace un cierto tiempo
una investigación semejante, ya señaló al comité en un planteamiento que cree
que el gobierno británico es “potencialmente un cómplice sistemático en los
crímenes más serios contra la humanidad de desapariciones, torturas y detención
incomunicada prolongada.” Clive Stafford Smith, director legal de Reprieve, dijo
al Guardian que es “absoluta y categóricamente seguro” que se ha retenido
a prisioneros en la isla.
Al ser cuestionado por parlamentarios diligentes como Andrew Tyrie, el
miembro conservador del parlamento de Chichester, que es un acérrimo oponente
del uso por la CIA de “entregas extraordinarias,” el gobierno británico ha
sostenido persistentemente que cree en las “garantías” dadas por el gobierno de
EE.UU. de que ningún sospechoso de terrorismo ha sido retenido en la isla, pero
existen varias razones convincentes para concluir, al contrario, que el gobierno
en realidad está diciendo verdades a medias.
Estudios de aviones utilizados por la CIA para su programa de entregas han
establecido que el 11 de septiembre de 2002, el día en el que el complotador del
11-S Ramzi bin al-Shibh fue capturado después de un tiroteo en Karachi, uno de
los aviones de la CIA voló de Washington a Diego García, vía Atenas. Bin
al-Shibh no volvió a aparecer hasta septiembre de 2006, cuando fue trasladado a
Guantánamo, y no ha hablado de sus experiencias. A diferencia de su supuesto
mentor Khalid Sheikh Mohammed, se negó a participar en su tribunal en Guantánamo
anteriormente durante este año, pero no es la única pieza del puzzle de la
tortura que ha sido reconstruida por investigadores diligentes.
En junio de 2006, Dick
Marty, un senador suizo que produjo un informe detallado sobre las “entregas
extraordinarias” para el Consejo de Europa, también concluyó que Diego García
fue utilizada como una prisión secreta. Después de hablar con importantes
agentes de la CIA durante su investigación, declaró al Parlamento Europeo:
“Hemos recibido confirmaciones convergentes de que agencias de EE.UU. han
utilizado Diego García, que es de responsabilidad legal internacional del Reino
Unido, en el ‘procesamiento’ de detenidos de alto valor.”
Anecdóticamente, los resultados de Marty han sido confirmados por otras
fuentes. Manfred Novak, Relator Especial sobre la cuestión de la Tortura de la
ONU, declaró que oyó de “fuentes fiables” que EE.UU. ha “retenido a prisioneros
en barcos en el Océano Índico,” y detenidos en Guantánamo también mencionaron a
sus abogados que fueron retenidos en barcos de EE.UU. – aparte de los retenidos
en el USS Bataan y el USS Peleliu, que mencioné en mi libro “The Guantánamo
Files.” Un detenido declaró a un investigador de Reprieve: “Uno de mis
compañeros prisioneros en Guantánamo estuvo embarcado en un barco estadounidense
con unos 50 otros antes de llegar a Guantánamo. Me dijo que había unas 50
personas adicionales en el barco; todos estaban encerrados abajo. Los detenidos
en el barco fueron golpeados aún más severamente que en Guantánamo.”
La evidencia más incriminadora de todas, sin embargo, provino no de oponentes
de Guantánamo o, indirectamente, de los sometidos a algunos de los abusos más
horrendos del régimen, sino de una honrada persona con acceso a información
privilegiada, Barry McCaffrey, un general de cuatro estrellas de EE.UU. en
retiro, que es ahora profesor de estudios de seguridad internacional en la
academia militar de West Point, al que se le escapó dos veces que Diego García
ha sido utilizada para retener a presuntos terroristas, como se han esforzado
por sostener los oponentes del gobierno. En mayo de 2004 declaró
despreocupadamente: “Probablemente retenemos a unas 3.000 personas, sabe, en el
aeropuerto Bagram, Diego García, Guantánamo, en 16 campos en todo Iraq,” y en
diciembre de 2006 de nuevo volvió a soltar la pepa, diciendo: “Están tras las
rejas... los tenemos en Diego García, en el aeropuerto Bagram, en
Guantánamo.”
¿Necesitamos más pruebas?
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Andy Worthington es historiador británico, y autor de “The Guantánamo Files:
The Stories of the 774 Detainees in America's Illegal Prison” (que será
publicado por Pluto Press en octubre de 2007).
Para contactos escriba a: andy@andyworthington.co.uk
http://www.andyworthington.co.uk
http://www.counterpunch.org/worthington10202007.html
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